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Empresas extranjeras tienen serios problemas para proteger sus marcas en Venezuela

 

Imagen cortesía de SUNACRIP

 

Desde el año 2018, la oficina local de Propiedad Intelectual suspendió el pago de tasas oficiales a empresas extranjeras, en febrero de 2019 establecieron un nuevo esquema de pagos en Petros, una “criptomoneda” sancionada por el gobierno de los Estados Unidos, haciendo casi imposible para las empresas estadounidenses proceder con el pago de las tasas. Un panorama complejo y, además, discriminatorio en tanto solo aplica para titulares de marcas no venezolanos.

 

El plazo de 60 días otorgados por la oficina local de Propiedad Intelectual (SAPI) para proceder con el pago de las nuevas tarifas en Petros está casi por terminar, y muchas preguntas aún se mantienen a la espera y la situación se torna cada vez más compleja. La resolución emitida por el SAPI no es clara en relación a cuáles asuntos están afectados, mientras que las transacciones en Petros han sido bloqueadas por el gobierno de los Estados Unidos, afectando directamente a las empresas estadounidenses en la protección de sus activos intangibles en Venezuela.

 

Durante los últimos 10 años, se han producido importantes contratiempos para la protección de los derechos de propiedad intelectual en Venezuela, desde el restablecimiento de leyes obsoletas hasta costosas tasas oficiales y, más recientemente, un nuevo esquema de pagos en PETROS.

 

La retirada de Venezuela de la Comunidad Andina en 2006 y el restablecimiento de la Ley de Propiedad Intelectual de 1956 en el año 2008, separa al país con una ley no armonizada con los estándares internacionales y con las obligaciones de la República a través de Tratados Internacionales. Luego, la aprobación de nuevas tarifas oficiales discriminando a los titulares extranjeros de propiedad intelectual que se vieron obligados a pagar montos 500 veces más costosos que las de los ciudadanos venezolanos por la protección de sus marcas en el país, haciendo de Venezuela una de las jurisdicciones más caras del mundo para la protección de los derechos de propiedad intelectual.

 

Hace un año, SAPI anunció la suspensión de tasas para entidades extranjeras como resultado de la suspensión de su cuenta bancaria en los EE. UU. Finalmente, el 1 de febrero de 2019, publicaron una nueva resolución que solo afecta a los titulares de derechos de propiedad intelectual extranjeros, con la obligación de pagar las tasas oficiales en PETROS, una "criptomoneda" creada por la administración del Sr. Nicolás Maduro en 2018 como una forma de recaudar dólares evadiendo las sanciones estadounidenses.

 

Para los propietarios de marcas estadounidenses, la obligación de pago en PETROS crea serios problemas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, prohibió el 19 de marzo de 2018 las transacciones que involucran "cualquier moneda digital, moneda digital o token digital, emitida por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela a partir del 9 de enero de 2018", por Orden Ejecutiva N °. 13827.

 

Esta prohibición es aplicable a (salvo que esté exenta por una licencia otorgada por las autoridades de los EE. UU.):

a. Ciudadanos de los Estados Unidos, extranjeros residentes permanentes;

b. Entidades organizadas bajo las leyes de los Estados Unidos o cualquier jurisdicción dentro de los Estados Unidos (incluidas las sucursales extranjeras de dichas entidades);

c. Cualquier persona dentro de los Estados Unidos.

 

Si el propietario de la marca estadounidense decide proceder con dicho pago en Petros, entonces parece posible solicitar una licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como se indica en la sección 1. (b) de la orden ejecutiva No. 13827: "Las prohibiciones en la subsección (a) de esta sección se aplican excepto en la medida que lo estipulan los estatutos, o en los reglamentos, órdenes, directivas o licencias que pueden emitirse de conformidad con esta orden, y no obstante cualquier contrato firmado o cualquier licencia o permiso otorgado antes de la fecha de entrada en vigencia de esta orden”. También sería posible que una firma de abogados de los Estados Unidos obtenga dicha licencia para proteger los intereses de propiedad intelectual de sus clientes en Venezuela. Sin embargo, aún está por verse si la OFAC puede otorgar dichas licencias.

 

Un caso similar son las licencias otorgadas a nacionales de EE. UU. para la protección de la propiedad intelectual en Cuba como se indica en la sección 515.528 del Código de Reglamentos Federales de los Estados Unidos.

 

Las firmas de abogados venezolanos están presentando peticiones ante la agencia de propiedad intelectual local para obtener una extensión de 60 días, como se menciona en la resolución conflictiva y piden aclaraciones sobre qué asuntos son parte de esta situación.

 

Las principales asociaciones internacionales relacionadas con la propiedad intelectual son plenamente conscientes de esta situación, con la esperanza de aumentar la conciencia y la preocupación para que la comunidad internacional de la propiedad intelectual actúe como amicus curiae en cualquier procedimiento, ya sea que requiera una licencia general o específica de la OFAC (para los titulares de propiedad intelectual de los Estados Unidos) para el pago de tasas oficiales en PETROS, o cambios en la resolución en general. Estas asociaciones también pueden abordar este tema ante la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o la Organización Mundial del Comercio (OMC), ya que se consideraría una práctica discriminatoria cuando solo se aplica a los titulares extranjeros de propiedad intelectual, infringiendo el principio de trato nacional.

 

Para aquellos propietarios extranjeros de propiedad intelectual que podrían considerar estar fuera del alcance de la orden ejecutiva de EE. UU., sería muy recomendable consultar este problema con su equipo de cumplimiento y anti-corrupción antes de proceder con cualquier pago en PETROS, ya que hay mucha incertidumbre acerca de la validez de esta denominada criptomoneda en los mercados internacionales.

Ricardo Enrique Antequera es Of Counsel de la firma de abogados Antequera Parilli & Rodríguez. Cuenta con una amplia experiencia en la evaluación estratégica de protecciones comparativas permitidas por el Derecho de Patentes, de Marcas y de Autor para la administración efectiva de portafolios de Propiedad Intelectual. Sus áreas de práctica van desde procesos de oposición, cancelación y nulidad, como también procedimientos defensivos y licenciamiento. Además, se ha desempeñado como Profesor Universitario de la cátedra de Propiedad Intelectual en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Universidad Central de Venezuela, Universidad Metropolitana y la Universidad de los Andes, y como profesor invitado en la Universidad Católica del Táchira.

 

 

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